Con el voto en contra de la bancada de Morena, el Congreso de Nuevo León aprobó ampliar el concepto de “legítima defensa”, para que sea inimputable y consideró inocente quien lesione o prive de la vida en defensa de su integridad, su familia o patrimonio, ya no sólo en su domicilio como establecía el Código Penal, sino también en su negocio o lugar de trabajo.
La propuesta que fue promovida por el PAN, obtuvo el voto a favor de 28 legisladores del blanquiazul, PRI, PT, MC, PVEM y Panal, mientras rechazaron el dictamen los siete diputados de Morena y Claudia Tapia que tras renunciar a dicho partido formó la fracción Independiente Progresista.
La iniciativa aprobada
El martes por la noche, modificó el artículo 17 del Código Penal del Estado, para ampliar los alcances de la legítima defensa que los ciudadanos tenían para proteger su integridad, familia y patrimonio en su domicilio, a los comercios y sitios de trabajo, a fin de que no se les procese por lesiones u homicidio cuando se demuestre que actuaron en defensa propia.
El coordinador de la fracción panista, Carlos de la Fuente, argumentó que la aprobación de la reforma obedece a un reclamo ciudadano, pues no es justo que por defender su negocio o lugar de trabajo, ante un robo o agresión, vaya a dar a la cárcel.
Es un acto elemental de justicia, si evitamos que los ciudadanos vayan a la cárcel simplemente por defenderse, dijo el líder de la bancada blanquiazul.
CERTEZA JURÍDICA
En tanto la diputada Claudia Caballero (PAN), que presentó la iniciativa de en febrero pasado, agregó que la modificación al Código Penal da la certeza jurídica a los nuevoleoneses de que pueden tener tranquilidad, cuando actúan para el debido cuidado de su vida, la de sus seres queridos, de sus bienes, u objetos respecto a los cuales tengan una obligación de resguardo o de defensa.
A su vez, Luis Armando Torres, diputado de Morena, al argumentar su voto en contra al señalar que la ampliación de la legítima defensa favorece y exacerba la violencia, además de que no es acorde al derecho a la seguridad que el Estado debe tutelar.
Puntualizó que en cualquier hecho relacionado con el tema, se van a deslindar responsabilidades, y sencillamente en caso de que no se cuenten con los permisos de portación de armas, no procede la legítima defensa, reporta El Universal.
